La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) entregó el distintivo “Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil” a 66 compañías de 12 estados del país que erradicaron la contratación de menores de edad.
En el acto de entrega de reconocimientos, el titular de la STPS, Alfonso Navarrete Prida, informó que ya son 142 empresas que se sumaron a este esfuerzo en los últimos dos años, casi el doble en relación con el periodo 2010-2012.
Destacó que proteger los derechos de los niños y las niñas es un mandato constitucional, y de acuerdo con estadísticas de organismos internacionales y locales, la población infantil que trabaja en México pasó de tres millones 38 mil a dos millones 500 mil.
Aun así, tales cifras son inaceptables y por ello la importancia de que más empresas del sector primario, particularmente de la agricultura, donde existe el mayor porcentaje de población infantil laborando, se sumen a la lucha contra el trabajo infantil.
Explicó que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha profundizado sus acciones contra el trabajo infantil y prueba de ello fue la aprobación por unanimidad en el Congreso de la Unión de su iniciativa para elevar la edad mínima para trabajar, de 14 a 15 años.
Navarrete Prida indicó que esta reforma a la Ley Federal del Trabajo permitió que México pudiera suscribir el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de edad mínima permitida a escala mundial, para permitir la contratación de menores de edad.
Además, destacó que los procesos de inspección en centros de trabajo mediante un protocolo enérgico y minucioso, permiten a las autoridades acudir a las empresas y las casas de los menores para reducir el fenómeno del trabajo infantil.
De igual forma, la STPS firmó recientemente un convenio con la Secretaría de Desarrollo Social, específicamente con el Programa Progresa, para que los jóvenes que son apoyados con becas y otros instrumentos sean canalizados al Servicio Nacional de Empleo.
El funcionario refirió que la idea de que los niños que trabajan ayudan a resolver la situación económica de sus familias es errónea, pues por el contrario, lo que este fenómeno hace es empobrecer el futuro de ellos e incluso del país.
En su oportunidad, el subsecretario de Previsión Social, Ignacio Rubí Salazar, informó que para profundizar la lucha contra el trabajo infantil se lanzó la convocatoria para que se amplíe este distintivo a empresas de los sectores secundario y terciario de la economía.
Sostuvo que en junio del próximo año se dará a conocer el número de empresas que se han inscrito para recibir el reconocimiento “Libres de trabajo infantil”, pero adelantó que las cifras rebasarán con mucho las expectativas.
Por su parte, el director de la OIT para México y Cuba, Thomas Wissing, celebró estas acciones emprendidas por el gobierno mexicano, pues se demuestra que es posible escribir una nueva historia para los niños y las niñas.
Refirió que la tendencia mundial apunta a que se reduzca el problema, pero aún quedan 168 millones de niños y niñas trabajando, de los cuales 85 millones realizan actividades peligrosas y poco más de 50 millones labora en la agricultura, lo que es inadmisible.
Señaló que 30 por ciento de esa población infantil trabaja con dobles y hasta triples jornadas, pues además de laborar en empresas o campos agrícolas, también lo hacen en parcelas de sus padres y realizan trabajos domésticos.
Por ello, dijo, la lucha contra este flagelo a escala internacional y en favor de los derechos de niños, niñas y adolescentes gira en ejes como educación, trabajo decente y protección social para los padres de estos menores.
Por ello, sostuvo que distintivos como el que se entregó a las empresas agrícolas mexicanas son ejemplo de buenas prácticas laborales y contribuyen a solucionar este problema de escala global.
El presidente del Consejo Agropecuario de Puebla, Francisco Álvarez Lazo, dijo a nombre de los empresarios que recibieron dicho reconocimiento que como generadores de empleo asumen su responsabilidad en la lucha contra el trabajo infantil.
Este tema es una flagrante violación de los derechos fundamentales de los niños y las niñas, por lo que sociedad, empleadores, organizaciones sindicales y gobierno deben sumar esfuerzos para erradicarlo, apuntó.